Gobierno hará cumplir medida que prohíbe práctica de Fun Race en el país

miércoles, 9 de marzo de 2011

La medida cautelar aprobada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que prohíbe la práctica de Fun Race 4x4 o rustiqueo en los parques nacionales del país, se hará cumplir para garantizar la preservación de los espacios naturales, así lo señaló la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

Desde el Parque Nacional La Llovizna, en Ciudad Guayana, estado Bolívar, señaló que el Instituto Nacional de Parques (Inparques) elaboró este año un informe en el que se reflejan los profundos daños causados al ecosistema por la práctica de esta actividad.

Es necesario desterrar –apuntó- para la protección del ambiente, este tipo de prácticas conocidas como “rustiqueo”, por lo que reiteró que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido el ejercicio de este tipo de actividad en todo el territorio nacional.

Recordó que en atención al llamado hecho por el presidente de la República, Hugo Chávez, la Defensoría del Pueblo introdujo un amparo por intereses colectivos y difusos contra las prácticas de Fun Race, y a favor de los venezolanos con derecho a un ambiente ecológicamente sustentable, sano y equilibrado.

Desde hace un año –comentó- la Gobernación del estado Bolívar puso en práctica una campaña de concienciación en este sentido, estrategia que no fue suficiente para generar una actitud consciente en este pequeño grupo de personas que han hecho de esto un mal llamado deporte.

Aclaró que ninguna práctica que atente contra la naturaleza y otras formas de vida puede ser catalogada como deporte.

Contrario a la apreciación de los representantes de Fun Race, no puede considerase turismo interno una actividad que promueve la destrucción de todo aquello que le ha costado a la naturaleza años construir, precisó.

“Eso no es cultura (…) eso es asesinar el ambiente, destruir el ambiente, socavar nuestras posibilidades de supervivencia como especie y de ahí la celeridad con la que la Sala Constitucional ha atendido este petitorio de la Defensoría del Pueblo”, manifestó.

Este es el tipo de prácticas judiciales que requiere el país –aseguró- “medidas que protejan los ecosistemas y que sean severas contra quienes atenten contra los derechos de las mayorías de los venezolanos”.

Fuente: RNV

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